El 20 de agosto del 2000, no
pudiendo tolerar más las Violaciones del Derecho Ciudadano por parte de la
Fiscalía, único órgano encargado Constitucionalmente de velar por ello en Cuba,
solicité al Consejo de Estado la separación de la Fiscal
María del Carmen Romero Pérez, Jefe de la Dirección de Protección de los
Derechos Ciudadanos de la Fiscalía General de la República, lo cual
fundamenté
en los siguientes extremos:
PRIMERO:
Que mediante escrito Referencia Reclamación No. 221/00, de fecha 3 de agosto
del 2000, la Fiscal María del Carmen Romero Pérez me planteó que recibido mi
escrito de 20 de julio del 2000 donde mostraba inconformidad con las respuestas
brindadas por la Fiscalía Provincial de Cienfuegos, se me ratificaba la
respuesta de 17 de julio de este propio año. Sin embargo, mi escrito de 20 de
julio del 2000 referido, manifestaba inconformidad con la respuesta salida
232537 de la Fiscalía Provincial de Ciudad de la Habana (No de Cienfuegos),
relacionada con un delito de Prevaricación cometido por Martha Martínez
Samalea, asesora legal del Ministro de la Pesca; y la respuesta de 17 de julio
del 2000 que dicha fiscal ratifica trata de un delito de Difamación cometido
por Orlando Díaz Padrón, director de la Oficina Provincial de Inspección
Pesquera de Cienfuegos; por lo que con semejante negligencia inexcusable omite
tramitar, resolver y responder mi escrito de 20 de julio del 2000, en el cual,
además, denunciaba en su RAZON SEXTA: “Que ante la Evidente complicidad de
varios fiscales en el Quebrantamiento de la Legalidad observado en torno a mi
caso, que incluyen a los Fiscales Orlando Martín Sánchez, Vladimir Núñez
Herrera, Luis Pablo Ibáñez Silva, Ángel
Ortiz Nodarse, María del Carmen Romero Pérez y Raúl López Pertierra, los tres
últimos de la Fiscalía General, contra los cuales he presentado Quejas al
Fiscal General, en diferentes ocasiones, sin haber podido evitar que éstas
hayan sido respondidas por los propios fiscales implicados, como es el caso de
mi Queja de 30/5/2000 al Fiscal General, y que adjunto a este escrito en franca
inconformidad; y previendo que esta impugnación pueda correr el mismo riesgo,
pido disculpas humildemente, de ante mano, al Fiscal General de la República
por enviar una copia de estos escritos al Canciller Felipe Pérez Roque, por la
razón de que luego de más de cuarenta gestiones legales respaldando mi
persistencia en la razón y el derecho; demasiadas ante la Fiscalía General; tres ante el Ministro de la Pesca; una
ante la Asamblea Nacional del Poder Popular; tres ante el Ministro de las FAR;
una ante el Presidente del Consejo de Estado; y una ante el Secretario del
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro; entre las más importantes; me vea yo
obligado, finalmente, en contra de mi ánimo, voluntad y principios, a acudir a
un organismo internacional en busca de solidaridad para ver realizada la
Justicia en este Bochornoso y
Prolongado proceso, en que se ha visto sumido mi familia durante
los últimos tres años y siete meses, sin antes haber solicitado a
nuestro ilustre canciller su mediación ante el Presidente del Consejo de Estado
y hasta ante el propio Fiscal General, ante los cuales toda gestión de
correspondencia me ha sido bloqueada”.
Continúa...
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