Continuación...Sexta Parte Extraordinaria Entrada 57
En 2009 cuando en marzo se dio a conocer la sustitución de Carlos Lage, Felipe Pérez-Roque y otra decena de dirigentes de la dictadura
cubanas, se reveló hasta que punto llegó la preocupación de Fidel por su
sucesión. La enfermedad de Castro venía caminando y por ello ordenó a sus servicios
secretos investigar a los posibles aspirantes a la Presidencia, la generación
más joven principalmente; y en ese sentido hicieron público que tanto Pérez
Roque, como Carlos Lage, entre otros, habían sido investigados desde más de un año antes de su destitución. Igualmente salió a relucir que el 23 de febrero de 2008 se efectuó una reunión del Buró
Político en la cual se elaboró el Guión de candidatos para ocupar los puestos
principales en el Consejo de Estado y se decidió que Machado Ventura, de 78
años, ocupara el cargo de vicepresidente primero en lugar de Lage. Pero la
campaña de Raúl
abarcó hasta la consolidación de su poder, cuando
destituyó a los hombres de Fidel y los reemplazó con sus propios cuadros –casi
todos militares– en los cargos más altos del gobierno; esperando a cambio, por
supuesto, la fidelidad de sus escogidos durante su dictadura y para su
reelección. Mientras tanto, ese mismo año Human
Rights Watch decidió llevar a cabo una misión de investigación en Cuba sin
autorización oficial, ante las negaciones y obstáculos del régimen, realizando extensas entrevistas en siete de las 14
provincias de la isla, y más de 60 entrevistas telefónicas desde Nueva York con
defensores de derechos humanos, periodistas, ex presos políticos, familiares de
presos políticos, miembros del clero, sindicalistas y otros ciudadanos cubanos;
lo que concluyó en un informe denominado
"Un nuevo Castro, la misma Cuba",
que demostró que Raúl había sido tan implacable como su hermano, y que
continuaba apoyándose en la disposición de "peligrosidad" del Código
Penal, para encarcelar incluso antes de cometer un delito, no sólo a disidentes
y críticos del gobierno, sino a un amplio espectro de personas que optan por no
cooperar con el estado, por no participar en actos a favor del gobierno, por no
pertenecer a organizaciones del gobierno o por no tener empleo; considerándolos
de conducta “antisocial”, procediendo a una “advertencia oficial” o incluso a su
encarcelación. Otras leyes usadas para penalizar el ejercicio de los derechos
fundamentales fueron el desacato, la insubordinación y actos considerados contra
la independencia del estado. Los disidentes fueron víctimas constantes de
detenciones por períodos breves con el fin de castigarlos por ejercer sus
libertades fundamentales, además fueron sometidos a agresiones verbales, a
hostigamientos y golpizas por parte de agentes de seguridad y grupos de civiles
vinculados con el estado, en “actos públicos de repudio” frente a sus hogares,
sometiendo adicionalmente a sus familiares, amigos y vecinos solidarios a
humillación e incluso a ataques colectivos.
Continúa...
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