Denuncia formal contra el Fiscal General de la República de Cuba, General Juan Escalona Regueira, por el delito de Prevaricación. Sin lugar a dudas, mi mayor satisfacción, a lo largo del costoso litigio en que me vi envuelto desde 1996 hasta 2002, fue cuando el 16 de noviembre del 2001, entregué en la Fiscalía Municipal de Abreus una Denuncia formal contra el mismísimo General Juan Escalona, la mano derecha de Fidel Castro, en el caso Ochoa. Por su importancia la reproduzco íntegramente en dos partes. PRIMERA PARTE:
Abreus, 11 de noviembre del 2001.
A LA FISCALÍA MUNICIPAL DE ABREUS.
VENANCIO PRIETO ACOSTA, ciudadano cubano, casado, y vecino de Ave. Libertad # 218 A, Abreus; vengo en el ejercicio de mis derechos ciudadanos, por medio del presente escrito, a establecer DENUNCIA formal CONTRA el FISCAL GENERAL de la República de Cuba, General Juan Escalona Regueira, POR el DELITO de PREVARICACIÓN; tipificado al haber OMITIDO éste el DEBER de haber TRAMITADO y RESPONDIDO a una IMPUGNACIÓN que en tiempo y forma hube de presentarle en fecha 11 de mayo del 2001, contra la respuesta salida 00422 de fecha 13\4\01 del Sr. Francisco Javier Fernández Guerra, Director de Ayudantía de la Fiscalía General; habiéndome amparado para ello en el artículo 24, apartado 4 de la propia Ley de la Fiscalía General; A CUYO EFECTO ALEGO:
PRIMERO: Que he tomado esta opción considerando, que la denunciada OMISIÓN cometida por el Fiscal General no sólo VULNERA mis más elementales DERECHOS CIUDADANOS; sino que pone en tela de juicio, el trabajo y prestigio de la Fiscalía General, en materia de Protección al Derecho Ciudadano y de Infracciones Penales.
SEGUNDO: Que ha transcurrido ya un término de más de seis meses y no he recibido respuesta al referido escrito, en violación del artículo 63 de nuestra Constitución, y del artículo 52 apartado r, en relación con el apartado a) de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, a pesar de haberme personado en la Fiscalía General en fecha 6 de agosto del 2001, en reclamación por el estado de tramitación de mi mencionada IMPUGNACIÓN, ocasión en que fuera atendido por la Fiscal Rafaela González, quien me hubo de comunicar que aún se estaba tramitando mi caso, y me orientó llamar dentro de quince días al Fiscal Lic. Parenzuela, a través de los teléfonos 670798 o 670799; ocasión en que me hubo de responder el Fiscal Lic. Grillo, quien me manifestó que no tenía respuesta, pero que no llamara más, pues se me respondería a vuelta de correo. Sin embargo, al no recibir respuesta, insistí telefónicamente el 30 de octubre del 2001, respondiéndome Elba, secretaria de los Fiscales Parenzuela y Grillo, manifestándome que les daría mi recado en torno a la falta de respuesta a mi impugnación de 11 de mayo del 2001; orientándome llamarla nuevamente el 1ro de noviembre. Lamentablemente, llamé en la fecha indicada y aún no tenía respuesta.
TERCERO: Que he realizado esta DENUNCIA, no sólo porque es injustificable el tiempo transcurrido sin darme respuesta alguna luego de casi cinco años de constantes violaciones, sino porque mi impugnación ACUSABA abiertamente a la respuesta salida 00422 de fecha 13\4\01 del Sr. Francisco Javier Fernández Guerra, Director de Ayudantía de la Fiscalía General, de ILEGAL, ARBITRARIA, ENCUBRIDORA, INCONSTITUCIONAL, INJUSTA, PREPOTENTE, ANÁRQUICA, CÍNICA e IRRESPETUOSA; calificando tanto al Director de Ayudantía como al Vice Fiscal General Pino Bécquer, como TORPES, PREPOTENTES, CÓMPLICES, y MENTIROSOS; y considerando al proceso legal en que se ha visto sumido mi familia durante los últimos 5 años de GROSERO, VULGAR, BOCHORNOSO, ILEGAL, INJUSTO e INCONSTITUCIONAL; por lo que al OMITIR el Fiscal General de la República de Cuba su DEBER de RESPONDER a todos mis descargos, según le impone el artículo 24, apartado 4 de la Ley de la Fiscalía General, en relación con el artículo 63 de nuestra Constitución, y el artículo 52 apartado r) y a) de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, no sólo se denigra el trabajo de la Fiscalía General de la República de Cuba, por lo cual entiendo deben rendir cuenta; sino que además tipifican el DELITO DE PREVARICACIÓN, sancionado a tenor del artículo 137 del Código Penal para el funcionario público que retarde maliciosamente la tramitación o resolución de un asunto de que conozca o deba conocer, u omita injustificadamente el cumplimiento de un deber o de un acto que le venga impuesto por razón de su cargo.
